Hambre de justicia, por Frei Betto

Al día de hoy son ya 950 millones las personas amenazadas por el hambre crónica. Eran 800 millones el año pasado. De allá para acá aumentó el número, debido a la expansión del agronegocio, cuyas tecnologías encarecen los alimentos, y a la mayor extensión de áreas destinadas al cultivo de agrocombustibles, producidos para saciar el hambre de las máquinas y no de la gente.El hambre es lo más letal que ha inventado la injusticia humana. Causa más muertes que todas las guerras. Elimina a cerca de 23 mil vidas al día, ¡casi mil personas por hora! Las principales víctimas son los niños.Casi nadie muere por falta de alimentos. El ser humano soporta casi todo: políticos corruptos, humillaciones, agresiones, indiferencias, la opulencia de unos pocos. Hasta el plato vacío. Por eso se puede decir que nadie muere por la falta completa de alimentos. Los hambrientos, cuando no tienen nada que comer, llevan a la boca, para engañar al hambre, sobras recogidas en la basura, lagartos, ratones, gatos, hormigas e insectos varios. La falta de vitaminas, carbohidratos y otros nutrientes esenciales debilita el organismo y lo hace vulnerable a las enfermedades. Los niños raquíticos mueren de un sencillo resfriado, por carencia de defensas.Hay apenas cuatro factores de muerte precoz: accidentes (de trabajo o de tránsito), violencia (asesinato, terrorismo o guerra), enfermedades (cáncer o sida) y hambre. Ésta produce el mayor número de víctimas. Sin embargo es el factor que menos movilizaciones suscita. Hay campañas seguidas contra el terrorismo o para curar el sida, pero ¿quién protesta contra el hambre?Los miserables no hacen protestas. Sólo quien come se pone en huelga, sale a las calles, manifiesta en público su descontento y reivindicaciones. Como esa gente no sufre amenaza de hambre, los hambrientos son ignorados.Ahora los líderes de las naciones más ricas y poderosas del mundo, reunidos en el G-8, en L’Aquila, Italia, a principios de junio, decidieron liberar US$ 15 mil millones para aplacar el hambre mundial.¡Qué cinismo se gasta el G-8! Él es el responsable de que los hambrientos sean multitud. Éstos no existirían si las naciones metropolitanas no adoptasen políticas proteccionistas, barreras aduaneras, transnacionales de agrotóxicos y de semillas transgénicas. No morirían de hambre casi 5 millones de niños al año si el G-8 no manipulase a la OMC, no incentivase la desigualdad social y todo lo que la aumenta: el latifundio, la especulación con los precios de los alimentos, la apropiación privada de la riqueza.¡Sólo 15 mil millones de dólares! ¿Saben esos señores y señoras del G-8 cuántos millones destinaron para salvar, no a la humanidad, sino al mercado financiero, desde setiembre del 2008 a junio del 2009? ¡Mil veces esa cantidad! 15 mil millones de dólares sirven sólo para ofrecer unos caramelos a algunos hambrientos. Sin contar con que buena parte de esos recursos irá a la bolsa de los corruptos o servirá de moneda de cambio electoral. ‘Le doy un pan, deme un voto’.Si el G-8 tuviera verdadera intención de erradicar el hambre del mundo promovería cambios en las estructuras mercantilistas que rigen la producción y el comercio mundiales, y canalizaría más recursos hacia las naciones pobres que hacia los agentes del mercado financiero y a la industria bélica.Si los dueños del mundo quisieran acabar realmente con el hambre declararían el latifundio un crimen de lesa humanidad y permitirían la libre circulación de alimentos, parecido a lo que sucede con el dinero. De igual manera, si tuvieran también el propósito de erradicar el narcotráfico, en vez de agarrar a unos pocos traficantes pondrían sus máquinas de guerra a destruir definitivamente los campos de plantación de marihuana, de coca, de opio y de otros vegetales, transformándolos en áreas de agricultura familiar. Sin materias primas no hay traficante capaz de producir droga.Decir que el G-8 intenta acabar con el hambre o salvar el planeta de la degradación ambiental equivale a esperar que la próxima Navidad Papá Noel traiga de regalo una vida digna para todos los niños pobres. Tanto es el cinismo, que los líderes mundiales prometen establecer bases de sustentabilidad ambiental a partir del 2050.Ahora bien, si la naturaleza enseña algo obvio es que, a medio plazo, estaremos todos muertos. Si la Tierra ya perdió un 25% de su capacidad de autorregeneración, ¿qué pasará si la humanidad tiene que esperar otros 40 años para que se tomen medidas eficaces?Si los que no pasan hambre tuvieran, al menos, hambre de justicia, virtud calificada por Jesús como bienaventuranza, entonces la esperanza en un futuro mejor no sería vana.

Frei Betto, escritor. Servicio Informativo "Alai-amlatina"

Nota publicada por “Miradas al Sur” el domingo 2 de agosto de 2009

Protección de los derechos del niño y responsabilidad penal juvenil, dos normas inútiles

“A pesar de los motines, los encierres en el buzón y de ser testigo de torturas, lo peor que sufrí, lo que más me dolió fue el abandono de mi vieja.” Gisela habla con lágrimas en los ojos, desde los 6 hasta los 21años estuvo encerrada en varios Institutos de Menores. Su primer delito fue haber nacido en una familia pobre y que su madre la abandonara. Aquellos por los que la volvieron a encerrar en un instituto fueron las drogas y un robo a mano armada.
“Entrar a un Instituto de Menores es difícil, salvo que seas un pibe menor de 18 años, pobre y morocho” ironiza la abogada María del Carmen Verdú de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
En el país hay más de 20 mil menores de edad privados de libertad. El 85 por ciento está preso por causas asistenciales. El Estado ha puesto bajo régimen de encierro a chicos que han sido abandonados, abusados o maltratados. El 15 por ciento restante ha cometido delitos, pero una leve minoría de ellos son graves.
No sólo se mantiene encerrado a un 85 por ciento de niños inocentes sino que ello contribuye a su formación delictiva. El periodista Roberto Arlt en 1932 calificó a los institutos de menores como “escuelas de la delincuencia”. Uno de los últimos informes presentados por UNICEF así lo ratifica: “Los institutos y reformatorios, además de violar los derechos del niño son verdaderas escuelas de delincuentes”. Las estadísticas también lo confirman: el 80 por ciento de los mayores de edad presos bajo el Servicio Penitenciario Federal han pasado por institutos de menores.
Horacio Cecchi, periodista de Página 12 y profesor de la carrera de Comunicación de la UBA, ha hecho varias investigaciones sobre el tema y asegura que el camino para la criminalizar la pobreza es siempre el mismo: “El primer paso para que los menores caigan en situaciones penales es que queden incorporados en institutos. Así el pobre inocente se rodea de los modos y jergas del delito, y cuando sale empieza a delinquir de verdad”. “Se mezcla a chicos que están por carencias socio-económicas con abusadores y asesinos. En la tumba, como lo llaman ellos, es así: o te adaptas o te cojen.”, se horroriza Fabián Gaitán, que es asistente social y tiene a su cargo un hogar en el barrio de Once.
Adriana Pereyra es la directora general de Niñez, Adolescencia y Familia del partido de Moreno. Hace muchos años que trabaja con menores que padecen problemas sociales y penales y su dependencia, una de las pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y Humano de Moreno, ejecuta las órdenes de las nuevas leyes penales de minoridad.
Pereyra trabaja con los jóvenes en el trato directo y coincide con Verdú, Cecchi y Gaitán en que se judicializa la pobreza: “Los chicos que tienen mayor problemas con el delito provienen de familias con dos generaciones pasadas de complicaciones con las leyes y puede que haya hasta tres generaciones sin trabajo en su familia.”
“Criándote en un instituto es muy difícil salir y no ser delincuente o drogadicto. ¿Cómo haces? Crecés rodeado de peleas, maltratos, abandonos, abusos. Yo no me acuerdo cuando perdí la inocencia, pero cuando entré a un Instituto mi vida fue otra.”, se lamenta Gisela.
Mucho antes de que al gobernador de Buenos Aires se le ocurriera presentar un plan para bajar la edad de imputabilidad del delito, la Provincia de Buenos Aires impulsó dos normas para que los menores que hasta ahora arbitrariamente se los consideraba culpables por decisión de un juez, tengan un proceso penal.
El martes 30 de septiembre del año pasado se estableció la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que obliga, desde la fecha, “a que los menores de 18 años que entren en conflicto con la ley penal tengan todas las garantías procesales” como sucedía hasta ahora, con los adultos. Este fuero nació a partir de la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Adolescente”, que derogó el Decreto Ley 10.067 dictado en 1983 por la dictadura militar. Este dice que el juez no podrá resolver en soledad el destino del niño o adolescente y que ahora habrá una parte acusatoria, un defensor oficial y, básicamente, tendrá el derecho a saber de qué se lo está acusando y a defenderse de la imputación.
En la Ciudad de Buenos Aires sigue rigiendo el viejo sistema. Ambas leyes sólo rigen en la Provincia de Buenos Aires; o deberían regir.
Desde la perspectiva de Pereyra, la nueva ley se encamina a descriminalizar la pobreza: “Obliga a que las medidas tomadas sean renovadas cada 30 días. Y esto garantiza que se siga trabajando con el chico. No es que lo pusiste en un hogar y te olvidaste.”
Sin embargo, a fines del mes pasado un juez de La Plata, Luis Federico Arias, hizo lugar a un pedido de hábeas corpus presentado por la Defensoría Oficial de Responsabilidad Penal Juvenil número 16, a cargo de Julián Axat. El mismo resolvía “prohibir a la policía bonaerense detener a menores por contravenciones o averiguación de antecedentes”. Estas aprehensiones estaban prohibidas desde la ley de Protección pero siguió funcionando el viejo decreto militar.
Para Verdú este hecho demuestra que la Justicia no es equitativa: “Los policías que privaron de libertad a todos esos menores tendrían que estar presos y no lo están.”; y que la ley no se cumple: “El nuevo régimen penal de la minoridad desde el punto de vista discursivo es muy superior a la ley de patronato, pero en la práctica pasa lo mismo que con la vieja”. Cecchi se manifiesta en la misma línea: “La ley de protección de los derechos del niño es una de las más avanzadas que hay, pero las instituciones dependientes del Estado tendrían que aplicarlas y el Poder Ejecutivo debería destinar los fondos necesarios para su cumplimiento y no a patrulleros para detener más chicos.”
“Acá en Moreno está funcionando. En este poco tiempo ya estamos trabajando con más de veinte chicos que hubieran terminado en Institutos.”, se justifica Pereyra.
Gaitán piensa que todo sigue igual que antes: “No cambió nada, los pibes que tienen problemas con la ley penal siguen yendo a Institutos. El tema es evitar que eso suceda y no se puede porque la línea es muy delgada.”
El objetivo que dicen tener los institutos es brindar las herramientas necesarias para que esos menores se reinserten en la sociedad, pero las celdas suelen tener poca luz, poca ventilación, muchas veces camastros de cemento sin almohadas y hasta en algunos casos un tacho de pintura que hacía de inodoro.
En la CORREPI aseguran que el Estado es siempre responsable: “Se dice que van a la escuela, que les dan talleres, que hacen terapia ocupacional. Existen esos tratamientos pero por una obligación burocrática. En la práctica nos sirve para nada.”. “En los institutos no se trabaja para reinsertarlos en la sociedad. Encerrar no es educar. Estamos mal desde el vamos.”, sentencia Cecchi.
Pobreza, marginalidad, menores y delincuencia son características propias de los Institutos de Menores. Gisela teme por el futuro de sus dos hijos, uno de ellos engendrado en el “Inchausti”: “Lo que me pone mal es que hoy sigo siendo pobre y no sé que les podrá pasar a mis hijos si todo sigue así”.
Gaitán sostiene que ante la inutilidad de las nueva ley y con una marginalidad que cada vez golpea con más dureza a medida que se incrementa el consumo, sólo ve dos alternativas: “O justicia social, cambio profundo en el modelo de la distribución, trabajo, educación, acceso a la cultura; o el plan de la derecha: eliminemos a los negros villeros pobres”.
Pereyra, sin embargo, piensa el cambio desde la protección estatal: “Si no creyera que desde nuestro lugar podemos cambiar las cosas, me quedaría en mi casa. Con la nueva ley de protección vamos por el buen camino.”
Por su parte, Verdú desconfía de que el cambio llegue por la modificación de las normas: “En el actual estado, las cosas, solamente pueden ocurrir de esta manera. Por eso descreemos de cualquier tipo de propuesta reformista porque termina siendo puro maquillaje. Consideramos que todo aparato normativo de un Estado montado sobre una sociedad dividida en clases es un aparato de opresión. La única alternativa de que las cosas funcionen de otra forma es que vivamos de otra manera. El capitalismo deja fuera del sistema y encierra a una gran parte de los pobres. Así no hay futuro para los menores pobres.”